Cero Tolerancia a la corrupción

La República Dominicana padece de las más altas incidencias de corrupción, calificada por la Transparency International entre los países más corruptos del mundo. Este es un delito cuyas secuelas repercuten en todos los aspectos del desarrollo económico y social de nuestro país; sin su erradicación, jamás podremos progresar. En un gobierno del PED, impulsaremos una tolerancia cero a este mal endémico, e impondremos medidas urgentes y firmes, maximizando las penas por este delito e implementando programas eficaces, emulando sistemas de gobierno comprobados donde han alcanzado la eliminación absoluta de esta perversidad, países como Dinamarca, Nueva Zelanda y demás. Pondremos el ejemplo, no solo luchando contra la impunidad, sino persiguiendo los bienes malversados del estado. Los ciudadanos serán partícipes con medios adecuados para reportar actos delictivos, desde “macuteos” hasta las comisiones en contrataciones de gobierno. Impondremos un “Código de Conducta” que obligue a todo funcionario hacer público sus gastos y asimismo hacer cumplir las leyes que existen para tales fines, que simplemente no se cumplen por intereses especiales, por falta de institucionalidad, donde se engavetan expedientes y se aúpa la criminalidad. Asimismo, todo funcionario público tendrá que subscribir un “Contrato de Honorabilidad” que aplicará severas consecuencias ante cualquier incumplimiento. Un parte fundamental de este esfuerzo por erradicar la corrupción está en la transformación del modelo institucional, por lo que consumaremos la descentralización gubernamental para así disminuir el número de funcionarios públicos nacionales, y mitigar los recursos manejados por este organismo. Impulsaremos la autonomía de cada provincia, otorgándoles la facultad de manejar sus propios recursos, y poniendo a la disposición de los habitantes locales, la elección de su gobernador, jueces regionales y demás cargos correspondientes. Garantizaremos la independencia de los procesos jurídicos y revisores, para que puedan cumplir su rol. Lucharemos para que los jueces, el presidente de la Cámara de Cuentas, y otros servidores públicos hoy designados por el Poder Ejecutivo, sean elegidos por la ciudadanía que representan, y crearemos organismos independientes de auditores y veedores que evalúen y garanticen su labor. El combate contra la corrupción exige conjuntamente una incuestionable libertad de prensa, y medios de comunicación que reporten la verdad sin presión. En ese tenor, reñiremos sin tregua para apoyar incuestionablemente y legitimar la labor de este cuarto poder del estado. Juntos, si podemos lograr una Patria libre de corrupción, para todos por igual.

Nuestros recursos naturales: Fuente de vida y bienestar

Los recursos naturales de la República Dominicana son abundantes, con una gama de climas y microclimas y una envidiable flora y fauna. Sin embargo, nuestro ecosistema se ve amenazado por problemas ambientales como la deforestación, la extinción de la biodiversidad, secuelas de la explotación y el mal manejo de los desechos sólidos. La capa forestal dominicana se ha ido reduciendo y hoy exhibimos un poco más de 38% de forestación. Esto es el resultado de prácticasϊ agrícolas dañinas, la cría de ganado, el corte desmedido de nuestros árboles, la extracción de materiales en nuestros ríos, la producción maderera, y los incendios forestales. La desforestación incide asimismo en disminuir los recursos acuíferos y por ende el agua potable, pero por el momento, las precipitaciones sobrepasan la demanda. Aun así, se estima que 52% de la población no tiene acceso al agua potable en instalaciones domiciliarias, más de un 73% de la población no tiene acceso al alcantarillado, 48% deposita las excretas en letrinas, y 14% no tiene ningún medio para ello, agudizando la pobreza que vive más del 60% de la población. Esta contaminación también afecta los ríos y cursos de aguas residuales y así como la presencia de desechos industriales, el agotamiento de ríos y arroyos, el tráfico ilícito de materiales radiactivos y peligrosos por nuestras costas, y la aceptación de desechos sólidos de otras naciones. El impacto de la explotación es otra constante amenaza a nuestro medio ambiente y suscita además la contaminación al agua, el envenenamiento a los animales, la destrucción de los árboles y más. Nuestros recursos naturales son blancos de multinacionales, muchas favorecidas con contratos unilaterales y dolosos a cambio de comisiones suntuosas para nuestros funcionarios. La inversión extranjera es necesaria, pero con condiciones de mutuo beneficio, por lo que revisaremos todos los contratos que comprometen nuestros recursos y el impacto ambiental de los que pongan en riesgo nuestro ecosistema, tomando las medidas necesarias para mitigar o eliminar los daños a nuestro ecosistema y las comunidades afectadas. Fortaleceremos las leyes para garantizar la transparencia y prudencia en el manejo de nuestros recursos naturales y resistiremos las presiones internacionales y económicas, respetando siempre los mejores intereses del país. Implementaremos programas que garanticen la sostenibilidad de nuestro medio ambiente avalados con asesorías técnicas y científicas imparciales. Crearemos programas de reforestación con subsidios para siembra de árboles y controles rígidos para evitar incendios forestales. Aumentaremos la inversión pública en áreas verdes, promulgaremos leyes adecuadas, e instituiremos programas educativos para la ciudadanía. La lucha por nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales será categórica, para preservar la grandeza natural de nuestra Patria, extraordinaria e indudablemente bendecida por Dios.

La seguridad: Un derecho Fundamental

Según fuentes oficiales, la República Dominicana registra más de 3,000 muertes cada año por homicidio y actos delictivos. El Banco Mundial es más optimista, reportando que 22 de cada 100,000 habitantes mueren anualmente. Así todo, duplicamos los homicidios en Haití, y cuadruplicamos el registro de los EEUU. Vivimos un terror generalizado, bajo constante amenaza, y relegados a vivir encarcelados tras unas rejas mínimamente disuasivas en nuestras casas. Pese a que los Artículos 40 y 42 de nuestra Constitución garantizan “el derecho a la libertad y la seguridad personal” y el “derecho a la integridad personal,” el gobierno ha sido incapaz de resolver esta crisis. Necesitamos una fuerza policiaca íntegra, capacitada, equipada adecuadamente, con salarios dignos y suficientes, y un apoyo irrestricto a sus integrantes y familiares. Precisamos fundamentar un sistema jurídico determinado y justo, con leyes que sancionen apropiadamente, implementando penas máximas y favoreciendo la aplicación imparcial de las leyes con condenas caducadas, y un sistema penitenciario transformado, capaz de reformar a los convictos que a su vez aporten a la sociedad y al país, trabajando en diversos proyectos del estado como parte de su condena. Debemos seguir el ejemplo de países como Singapur que han logrado superar su crisis delictiva. Asimismo, entendiendo que un sector de la delincuencia deriva de la penuria económica que vive el país, promoveremos programas económicos que beneficien a todos los dominicanos. Otra prioridad es la seguridad y defensa de nuestro territorio, y para ello necesitamos modernizar las fuerzas armadas con equipos de primera, así como aviones de combate, navíos, tanques, cañones, y armas pesadas, con un personal especializado y bien entrenado, dotados de sueldos proporcionados, asistencia para que puedan comprar casa propia y otros beneficios más, para que así, defiendan con orgullo, optimismo, y determinación, nuestra soberanía y mantengan el orden, la paz y seguridad a favor de todos los dominicanos.

Energía para todos... ¿Y por qué no?

Luego de un proceso de reestructuración de las empresas de energía a final de los años 90, los organismos de generación y distribución energética pasaron a manos de empresas privadas. Desde ese momento, la República Dominicana ha padecido de una imperecedera crisis eléctrica con constantes interrupciones al servicio, conexiones ilícitas, y una cadena de contratos engañosos e irresponsables, que nos han legado un sistema deteriorado y con unas de las tarifas más caras del mundo. Este sector representa una carga impositiva para el erario con subsidios anuales de más de US$1,400 millones directos e indirectos. Esta situación se ha convertido en un problema insostenible, obligando muchos a depender de electricidad alternativa o autogenerada, a un costo substancial, por encima de las cuotas pagadas mensualmente por el servicio básico. El país necesita una solución que normalice el servicio y reduzca el costo de la energía, cuestión que incidirá también en la productividad y el bienestar del país. En tan solo 14 años, duplicaremos las exigencias a nuestro sistema por lo que nuestro modelo energético debe ser completamente transformado con urgencia. Esto requiere la creación de un nuevo modelo energético que responda adecuadamente con un servicio confiable y una tarifa módica. Para ello, favorecemos la construcción de una nueva red eléctrica, colectivamente con la implementación de una nueva generadora o red de generadoras, sea nuclear, o la aplicación de diferentes de tipologías incluyendo eólica, hidráulica, solar, y demás, contando siempre con el aval de expertos internacionales, y en busca de la mejor solución que garantice la viabilidad del sistema y logre cumplir las necesidades esenciales para el presente y el futuro del país. Facilitaremos la inversión en este importante sector con incentivos para todas las empresas colaboradoras y contaremos siempre con los mejores profesionales y empresas especializadas en el campo energético. En caso de determinar la construcción de una planta nuclear, apoyaremos la mejor solución para su ubicación y asentamiento, ya que la extraordinaria capacidad de esta poderosa planta exigiría maximizar la seguridad operacional. De igual forma, entendemos que su capacidad productiva sería suficiente para saciar las necesidades presentes y futuras de nuestro país, e incluso para exportar energía a Haití, convirtiéndose este en colaborador estratégico, por su rica fuente de uranio (elemento básico para la energía nuclear). En tal caso, estaremos implementando, además, los más estrictos controles, con fiel adhesión a las normas internacionales más rigurosas, y con una supervisión altamente capacitada, integrando asimismo al Ministerio de Energía y Minas, para conjuntamente resolver políticas energéticas convenientes que ayuden también a preservar nuestro medio ambiente. Es irremediable transformar el modelo energético de la República Dominicana, un paso propicio que más allá de las ventajas progresistas, sociales, ambientales, y demás, rendirá un superávit a corto plazo en este sector de tanta trascendencia. Por medio de estaό descomunal iniciativa, garantizaremos energía a un costo razonable, con una excelente producción, y sí, para todos los dominicanos.

Un país hipotecado no es ni libre ni soberano

A partir del 1996, se dio inició a un crecimiento desmedido e irresponsable de nuestra deuda pública, frustrando nuestra economía con un aumento de más de 800%. Hoy los empréstitos superan los 46 mil millones de dólares, cifra que representa casi el 80% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Este desenfreno fiscal continúa, denotando un incremento de más de 15% cada año. No permitiremos que nuestra economía continúe avanzando hacia el fracaso administrativo. Es preciso abandonar el conformismo desde ya, y retomar las riendas de la nación, con acciones decisivas, para alcanzar el pago absoluto de la deuda de la República Dominicana, hazaña que garantizará la consolidación de nuestra soberanía y la perpetuidad de nuestra independencia. Para ello, crearemos un ambiente de confianza ante la comunidad internacional y nuestros acreedores, demostrando transparencia, estabilidad política y confiabilidad entre otros elementos más para estimular la inversión en el país. Es inexorable renegociar los empréstitos vigentes, exigiendo a nuestros acreedores una moratoria de varios años, para utilizar los dineros hoy destinados al repago de intereses (aproximadamente un 23% de nuestro presupuesto fiscal), en la creación de nuevas fuentes de ingresos. Retomaremos el campo dominicano con una reforma masiva, impulsada con una monumental inversión para incrementar su rendimiento e incrementar su aporte al PIB substancialmente, donde hoy su participación representa menos del 6%. Conjuntamente alentaremos a la industria dominicana para incitar un desarrollo significativo, una combinación que resultará en la amplia generación del capital estatal. Esta iniciativa demanda, además, un plan presupuestario austero, eficiente y determinado, eliminado las “botellas”, el clientelismo político, y la corrupción, para consolidar un nuevo modelo económico para el país. Con este responsable comportamiento financiero y el aumento a los ingresos, también podremos contar con los recursos necesarios para cumplir con la ciudadanía en todos los programas de gobierno, y aliviar la carga impositiva y excesiva de tributaciones que exigen la alta incidencia de la corrupción y el mal manejo de nuestra hacienda. Es hora actuar con firmeza y luchar para pagar la deuda pública y reconstruir la solvencia, el progreso y el bienestar de nuestra nación.

La justicia ha de cegarse

La decadencia en la administración pública ha irrumpido todos los estamentos de poder, y hoy contamos con un sistema jurídico altamente corrompido, con algunos sectores comprometidos a intereses especiales, emitiendo dictámenes comprados, engavetando expedientes e ignorando sometimientos, manejando nuestras leyes al antojo de unos cuantos, y en algunos casos, en confabulación de los demás poderes del estado. Esta descomposición transgrede las promociones que en algunos casos se otorgan por relaciones o intereses, y además resultan en un gran número de renuncias, provocando la complicidad de las cortes en actos delictivos. La ineficiencia de nuestro sistema, la extraordinaria cantidad de casos procesados, y demás dificultades, atentan contra la legitimidad del Poder Judicial y las normas establecidas para garantizar los debidos procesos, simplemente se incumplen. Perseguiremos firmemente la autonomía de nuestra justicia y transparentaremos el ejercicio jurídico con constituyentes íntegros, bien capacitados, dotándoles de sueldos justos y beneficios que atraigan a personas honorables, de reconocida trayectoria y ejemplar desempeño. La jurisprudencia debe actuar con ahínco, ciegamente castigando de manera ejemplar al crimen y la corrupción, con apego a las leyes y la Constitución. Fomentaremos asimismo la estabilidad y el fortalecimiento de estos procesos, para crear un clima de seguridad para la inversión extranjera. Auspiciaremos también la revisión de los códigos establecidos en materia de bienes raíces, un sector que sufre de inseguridad, chantajes, doble ventas, títulos falsos entre otros peligros más. Abogaremos por leyes que sancionen a quienes incurran en actos delictivos, con normativas que rijan apropiadamente el intercambio inmobiliario. Promoveremos una reforma tributaria y evaluaciones justas y precisas, así como regulaciones favorables para la zonificación ordenada de todo el país, creando un registro preciso y eficiente para eliminar el caos actual. Asimismo, lucharemos para adecentar la política dominicana, legislando para consolidar la autosuficiencia de toda organización política, eliminando las asignaciones que estas reciben de la JCE y convirtiendo esta institución en veedor independiente del sistema electoral, para acabar con el clientelismo y la explotación de la política. Fortificaremos la oficina de defensa del pueblo con un Defensor elegido por la ciudadanía, para encarar de manera objetiva, eficiente, justa y determinada, su labor. Laύ reformación de nuestra jurisprudencia debe contar con el apoyo de los demás Poderes del Estado, pero su ejercicio ha de ser independiente y transparente. Habremos logrado una justicia ciega, ecuánime y enteramente justa, cuando esta responda al bien común y cumpla responsablemente con la democracia y el civismo.

Educación: El camino hacia la democrácia y el bienestar

El futuro del país está en manos de nuestros jóvenes que hoy se nutren de un sistema educativo altamente deficiente; es nuestra responsabilidad garantizar nuestro porvenir y de la misma forma su futuro, con la mejor enseñanza posible. Padecemos de un currículo nacional inferior, carencia de aulas, y planteles escolares cayéndose a pedazos, nuestros jóvenes relegados a estudiar a la intemperie. Escaseamos de equipamiento, recursos y atención, y tenemos un sistema de transporte inadecuado, obligando los niños a caminar largas distancias para recibir su docencia. Ante múltiples denuncias de corrupción, el sistema está a la deriva, con niveles inaceptables de ineficiencia. Según informes de la PNUD (Programa de desarrollo de las Naciones Unidas), requerimos la rehabilitación y sustitución de 14,000 aulas, y un aumento de 10,000 más para cumplir con la demanda actual, a un costo de US$1,446 millones. 15% de nuestro cuerpo docente no tiene título pedagógico, y el salario base es insuficiente. Necesitamos reenfocar la implementación educativa en sectores rurales y urbanos marginales, para eliminar el fracaso, con programas compensatorios que disminuyan el impacto de la inequidad, y garantizando el acceso y permanencia de los más empobrecidos. Asimismo, crearemos programas de desarrollo individual con actividades extracurriculares, deportes y demás, asignando un aporte anual e individual del gobierno a cada estudiante, para que pueda participar en estas actividades sin importar su condición económica. Precisamos un sistema de becas, cooperativas escolares, y una transformación del desayuno escolar y también un programa nacional que otorgue uniformes y útiles a todos los estudiantes. Hay que mejorar la calidad de la docencia e introducir carreras para la formación de profesionales íntegros para el campo de la agricultura, gubernamental y otras más que se ajusten a las carencias profesionales y productivas del país. Implementaremos una evaluación permanente y una planificación estratégica, moderna y descentralizada para nuestro sistema educativo. elevaremos la capacitación del personal y mejoraremos sus condiciones de trabajo, incentivando así la excelencia educativa. Para ésta indispensable transformación, apoyamos la asignación inmediata de un mínimo de 7% de nuestro Producto Interno Bruto. Es igualmente fundamental incentivar a nuestros jóvenes, eliminando la alta tasa de desempleo y creando mayores fuentes de trabajo con salarios que recompensen el grado de sus esfuerzos. El futuro de la Patria y la vigorización de nuestra democracia exigen un nuevo modelo educativo capaz de vencer este desafío.

Una economía en crecimiento es fundamento de desarrollo

Para lograr solventar la economía fomentaremos un nuevo modelo financiero para la República Dominicana, implementando iniciativas novedosas y determinadas colectivamente con métodos comprobados a nivel mundial. El éxito económico de un país emana del manejo del estado como regulador imparcial del desarrollo, por lo que estableceremos políticas que protejan la industria dominicana e impulsaremos la exportación y su amplia promoción internacionalmente con subsidios y medidas monetarias que garanticen condiciones favorables para su desempeño. Mejoraremos el nivel educativo y la calidad de la mano de obra, para poder asimilar nuevas tecnologías y provocar un aumento en la productividad. Es necesario robustecer el sector de las empresas medianas y pequeñas con un apoyo incuestionable y también vincularlas a cadenas productivas del sector exportador. Favoreceremos la creación de fuentes de préstamos para estas empresas con un aval del gobierno, estrictas normas y regulación dentro de un marco jurídico que sancione los abusos al sistema. Proporcionaremos incentivos para empresas industriales y agroindustriales, de capital nacional y extranjero, siempre que su disposición mejore las condiciones de vida para los dominicanos. La diversidad industrial es fundamental en una economía bien desarrollada, pero el sector agropecuario debe jugar un papel preponderante en productividad nacional, por lo que pondremos este sector al servicio de nuestra economía, con una reforma agraria masiva a nivel nacional, invirtiendo enormemente en el campo, incitando el regreso de los campesinos y los agricultores que renunciaron a sus designios por la inicua desatención al sector agropecuario, los abusos, y la falta de políticas pragmáticas en apoyo a este sector imprescindible para nuestra economía. Apoyaremos esta reforma agraria con la creación de una red de escuelas de agricultura para reorientar y recapacitar la industria hacia novedosas tecnologías, garantizaremos una confiable fuente de energía e impondremos rigurosos controles contra la especulación, para incrementar la competitividad de nuestros productos en todos los mercados. Apoyaremos nuestra producción agrícola en el mercado internacional con estrategias y convenios que beneficien su exportación y controles de calidad que garanticen la superioridadυτ de nuestros productos. Ofreceremos extensas fuentes de financiamiento al campo, incentivos para aumentar la producción agropecuaria, y acceso a un seguro para reducir los altos costos de los desastres naturales, a un costo módico. Implementaremos un plan de capacitación y modernización dirigido al campesino dominicano, abarcando incluso el adestramiento en principios básicos de negocios. Retomaremos nuestra participación en la producción azucarera, provocando la reconstrucción de antiguos ingenios con tecnología de punta y apoyo internacional, y creando asimismo una entidad moderadora del gobierno con este fin. Dinamizaremos el crecimiento de nuestra economía con un marco de orden jurídico y fiscal, transparencia, y políticas orientadas a garantizar el desarrollo de nuestras marcas dentro de un ambiente saludable de competitividad. Lucharemos para transformar nuestra economía en un modelo ejemplar de crecimiento y desarrollo.

Nuestra soberanía no es negociable

La República Dominicana es hoy blanco de una propaganda arbitraria de organismos internacionales, que nos han tildados de xenófobos, anti-haitianos y racistas. Sin embargo, hemos sido siempre los más solidarios con nuestros vecinos, ofreciéndoles asistencia inmediata y decisiva cada vez que la han requerido. Muchos de estas entidades que nos critican, se nutren de la miseria haitiana e incluso, algunos países mantienen posturas anti-migratorias aún más severasω que la nuestra. La situación migratoria en nuestro suelo es lúgubre. Diariamente nos invaden cientos y miles de estos seres humanos que buscan mejorar su condición de vida, pero nuestra prioridad debe ser nuestros dominicanos que hoy mueren de hambre y enfermedad por las deficiencias y la apatía de nuestro gobierno. Apoyamos cualquier iniciativa que favorezca a Haití, pero no a expensas de nuestra dignidad, nuestra gente, ni por encima de nuestra bandera y nuestras leyes. La soberanía está por encima de toda injerencia extranjera, y tenemos derecho de defenderla con reglamentaciones que favorezcan nuestros intereses y amparen nuestra independencia. Para ayudar a preservar nuestra integridad, crearemos programas en zonas limítrofes con incentivos para los dominicanos que se asienten en estas áreas. Apoyaremos la instalación y fortalecimiento de zonas francas y el desarrollo comercial para robustecer nuestra presencia fronteriza y promover la convivencia cortés, y el respeto mutuo. Afianzaremos un control hermético para frenar la migración del país vecino, con una amplia y rediseñada cobertura de las fuerzas castrenses, maximizando la pena de cualquiera que incurra en la traición de vender la entrada ilícita a nuestro suelo, junto con una política invariable de deportación para quienes crucen y se asienten en nuestro territorio sin los documentos correspondientes. Ordenaremos los visados de trabajo para las áreas de agricultura, construcción, y demás, con una regulación firme que garantice el regreso de estos inmigrantes a su país de origen. El intercambio comercial es fundamental y lucharemos para un desarrollo beneficioso para ambos países. Apoyaremos la creación de tratados de libre comercio con incentivos que mejoren las condiciones de nuestros países, siempre que estas no atenten contra los principios de nuestra soberanía y el derecho de proteger nuestra integridad territorial. La paz, el trato humanitario, y la cordialidad deben imperar en nuestras relaciones exteriores, pero exigimos el respeto a nuestras autoridades, nuestras leyes, nuestros símbolos patrios y nuestra integridad geográfica; nuestra Soberanía no es negociable.

La dominicanidad: Espejo de nuestro pueblo

La palabra “Dominicanidad” encierra los principios elementales del espíritu dominicano, su carácter distintivo, encarnando el sentimiento, los valores, el amor y el compromiso para con nuestra Patria. El deterioro de la administración pública ha incidido de manera negativa en perjuicio de este fundamento y hoy, percibimos un pueblo decepcionado, abatido, incrédulo, convencido que su futuro no aguarda mejoría, resignados a la desgracia. En otros casos, vemos dominicanos que se enfrentan con determinación a esta realidad, abandonando a sus familias, convirtiéndose en exiliados económicos en tierras lejanas. Algunos de estos incluso, renuncian a la idea de regresar a su país. El desorden generalizado ha desgastado los valores tradicionales, provocando así la desintegración de la familia, el irrespeto a nuestros símbolos patrios, la disminución del orgullo nacional y la fe en Dios; observamos el desaliento y la desconfianza. La transformación de nuestra Patria requiere una recuperación de estos valores, pues en ellos descansa el éxito de nuestra democracia, que exige de manera inapelable, la participación de todos los ciudadanos. Aspiramos a una población de apasionados dominicanos dispuestos a luchar por su Patria, involucrándose en todos los procesos categóricamente. Lucharemos para recuperar esta confianza mejorando las condiciones de vida, y resarciendo daños causados por el manejo irresponsable de nuestros gobiernos, el pueblo a su vez responderá. La Dominicanidad representa asimismo los elementos de nuestra arte y cultura, y fomentaremos su desarrollo con apoyo irrestricto a nuestros artistas, atletas, toda la gama de talento dominicano, y asimismo elυυ emblema musical dominicano, nuestro glorioso merengue, dentro y fuera del territorio nacional. Crearemos escuelas especializadas, programas de capacitación, intercambios internacionales estudiantiles y becas para incentivar su avance. El destacado talento dominicano merece un apoyo masivo, pues estos serán siempre los mejores embajadores de nuestro país y dignos ejemplos de nuestra grandeza, sirviendo de inspiración y modelo para las futuras generaciones. Juntos, construiremos una línea aérea nacional dominicana que nos represente por todo el mundo, con un excelente servicio y el calor humano que siempre nos han caracterizado. Como símbolo nacional, nuestras aeronaves llevarán siempre nuestra bandera por todo lo alto. Patrocinaremos programas de instrucción ciudadana, para que todos asuman su rol dentro de nuestra sociedad, comprendiendo plenamente las responsabilidades y los beneficios individuales que garantizan y exigen nuestra Constitución. Plasmaremos los conceptos básicos en un Manual de Civismo que estará al alcance de cada dominicano y reintegraremos las clases de moral y cívica a nuestro currículo escolar. Pondremos siempre el ejemplo en el ejercicio de la administración pública, con programas sociales y de salud para los más necesitados, proyectos de ordenamiento urbano para fomentar municipalidades limpias, transitables, sanas y seguras para el disfrute de todos los dominicanos. Estas iniciativas serán parte esencial de nuestra reforma territorial y ciudadana. Juntos venceremos, transformando, recuperado y engrandeciendo a nuestra Patria. La Dominicanidad somos todos, bajo una misma bandera, en busca de la Patria que todos soñamos.

L. Ramfis Domínguez-Trujillo

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